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Universidad de la República acudirá a la Corte Suprema para evitar su cierre

A finales de diciembre, la Corte de Apelaciones de Santiago argumentó que la casa de estudios no cuenta con los recursos para "ofrecer los grados académicos y los títulos profesionales".

La Universidad de la República decidió recurrir a la Corte Suprema para evitar su cierre, a pesar del fallo desfavorable en su contra por parte del tribunal de alzada, sus autoridades reiteran que su clausura es «ilegal».

En mayo pasado, el Consejo Nacional de Educación acordó revocar el reconocimiento oficial de la Universidad de la República por petición de la Superintendencia de Educación Superior, tras la detección de graves falencias financieras y administrativas, sin embargo, no se ha podido llevar a cabo su clausura porque las autoridades de dicha casa de estudios no permiten que el administrador de cierre, Jaime Torrealba, ejerza su labor.

De hecho, la universidad ha continuado desarrollando sus actividades con normalidad con sus más de 3.600 estudiantes ya que, según los directivos, encuentran ilegal el proceso y llegarán a todas las instancias para evitar el cierre. En esta línea, ya acudieron a la Corte de Apelaciones de Santiago, sin embargo, hubo un fallo unánime desfavorable a finales de diciembre, señalaron que la casa de estudios no cuenta con los recursos para «ofrecer los grados académicos y los títulos profesionales» y que la Superintendencia «ha actuado en pleno ejercicio de aquellas facultades que le otorgan las leyes», según consignó La Tercera.

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El superintendente de Educación Superior, Jorge Avilés, calificó el fallo como un «espaldarazo a la nueva institucionalidad, la cual establece estándares más exigentes para las casas de estudios, validando el trabajo que esta superintendencia se encuentra realizando en la línea de anticiparse a situaciones de riesgo», recalcando que el procedimiento respetó «todas las garantías del debido proceso» para el cierre.

No contentos con lo anterior, las autoridades de la Universidad de la República decidieron acudir al máximo tribunal, y a pesar de respetar lo decretado por el tribunal de alzada, reiteran  a través de un comunicado que «tenemos la convicción de que el procedimiento que afectó a nuestra universidad estuvo lleno de ilegalidades y omisiones arbitrarias que se alejaron de un debido proceso».

La decisión de ir a la Corte Suprema -indican- es «con la finalidad de que sea el máximo tribunal del país el que restituya el orden jurídico que esta situación amerita y que nuestra comunidad universitaria necesita», por lo que apuntan que es «imprudente» continuar con el cierre si es que el fallo judicial decidiese otra cosa.

La casa de estudios no puede recibir alumnos nuevos, no obstante, sí pueden matricular a los antiguos, ya que el cierre está programado hasta 2026.

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